jueves, 18 de diciembre de 2014

INICIATIVA LEGISLATIVA MUNICIPAL PARTIDO ANDALUCISTA







 D.                 Portavoz del Grupo Municipal Andalucista en este Ayuntamiento, cuyos datos y antecedentes constan en la Secretaría General, en virtud del art. 97 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y de la Ley de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos 5/1988, de 17 de octubre, presenta, para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno, la siguiente

INICIATIVA LEGISLATIVA MUNICIPAL
 POR LA TRANSPARENCIA EN ANDALUCÍA
Proposición de Ley relativa a la modificación de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía

MEMORIA

El artículo 31 del Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que “Se garantiza el derecho a una buena administración, en los términos que establezca la ley, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, cuya actuación será proporcionada a sus fines, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable, así como a acceder a los archivos y registros de las instituciones, corporaciones, órganos y organismos públicos de Andalucía, cualquiera que sea su soporte, con las excepciones que la ley establezca.
La entrada en vigor de la ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia Pública de Andalucía ha pretendido ser un desarrollo de la regulación de carácter básico que contenía la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

A pesar de este objetivo, la regulación más o menos acertada del concepto de transparencia pretendida por la ley autonómica no ha logra servir de medio para evitar que la opacidad en la actividad administrativa genere sospechas de favoritismo, corrupción o arbitrariedad, contribuyendo de esta manera a una mejora de la calidad de la democracia.
La transparencia, entendida como el acceso a la información en sentido amplio, no sólo debe permite hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a conocer la actividad de la Administración, además, debe extender este conocimiento a la actividad de los miembros del gobierno y los altos cargos de la administración autonómica

Para el ciudadano de a pie, el término transparencia tal y como lo conoce, implica, además, la idea de un gobierno abierto al ciudadano como una propuesta organizativa y sobretodo ética y política para transformar la participación política. Ha de suponer una ampliación de la legitimidad representativa ante los déficits de democracia y el  actual de insatisfacción ciudadana.
De esta forma los andalucistas, proponemos la inclusión de los partidos políticos, las organizaciones sindicales y empresariales en el ámbito de aplicación de esta ley, incluyéndolos como destinatarios obligados por las normas de publicidad activa en el texto legal contenidas.
Emerge así la necesidad de implantar algunos principios para gobernar, comúnmente aceptados: transparencia, planificación, evaluación y participación, como garantes del derecho a un buen gobierno y a una buena administración proclamado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Por este motivo la inclusión por parte de la Ley  de transparencia de las normas de buen gobierno o como se denomina en esta Iniciativa legislativa, “transparencia política” se convierte en una exigencia de responsabilidad para todos los que desarrollan actividades de relevancia pública.

Las normas propuestas en la presente Iniciativa tienen como objetivo  la implantación y consolidación de un nuevo modelo de gobierno, cuyo propósito es el logro de un desarrollo social, económico e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre la acción del gobierno, la sociedad civil y la actividad social y económica.
No se puede perder ninguna ocasión para avanzar hacia un espacio complementario e indispensable como es el de la potenciación y el afianzamiento de la calidad democrática en aquello que, tiene que ver con el ejercicio de la acción de gobierno, es decir,  todo aquello relacionado con una manera de actuar de los líderes políticos de las instituciones públicas de conformidad con referencias jurídicas, morales o responsables públicos.

Se debe tener en cuenta que la calidad de las organizaciones y de los servicios públicos y la calidad democrática, en aquello que tiene que ver con el ejercicio de la acción de gobierno, son un derecho de la ciudadanía, de manera que corresponde a los poderes públicos velar para que este derecho sea real y efectivo.
En los últimos tiempos este posicionamiento se ha traducido en España en diferentes iniciativas, entre las cuales se encuentran la generación, la publicación y el impulso de códigos éticos basados en los mejores ejemplos de austeridad y honestidad, como también de transparencia y responsabilidad, de las diferentes organizaciones públicas y privadas, así como la mejora de la rendición de cuentas, mediante el impulso de la cultura de la evaluación del diseño, el desarrollo y los resultados y efectos de las intervenciones públicas.
En este sentido son referentes, en el ámbito estatal, el Código del buen gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, aprobado por la Orden APU/516/2005, de 3 de marzo (RCL 2005, 435) , y las actuaciones y los programas de la Agencia Estatal de Evaluación y Calidad (AEVAL) en cuanto a la mejora de la rendición de cuentas mediante la evaluación de las políticas públicas.
La  necesidad de contar con un estatuto unitario de todos los cargos públicos no es una exigencia impuestas por la Constitución o nuestro Estatuto de Autonomía sino mas bien, es una consecuencia lógica de la implantación de la necesidad social de que los gobernantes sean parte también del concepto de transparencia, dado que permite una mayor fiscalización de la actividad pública por parte de los ciudadanos, que conocen de antemano el régimen de derechos, deberes, incompatibilidades y responsabilidad del personal que participa en la toma de decisiones en la acción de su gobierno.
Recogiendo lo descrito en el preámbulo de la ley 19/2013 de transparencia y buen gobierno estatal “Las normas de buen gobierno incluyen los principios 

En nuestro entorno jurídico se han aprobado códigos éticos y se han elaborado normas con rango de ley donde se incorporan una serie de principios éticos y de actuación sobre buen gobierno que deben regir la labor de los cargos públicos y clarifican y refuerzan el régimen sancionador que les resulta de aplicación, en consonancia con la responsabilidad a la que están sujetos, en sus respectivos ámbitos
Las medidas que se proponen a continuación se sustentan en lo ya dispuesto en el Estatuto de Autonomía para Andalucía y en la ley de Administración de la Junta de Andalucía e intentan ir más allá, respetando la idea de que la transparencia es un derecho, pero también configurándola como un deber de las instituciones que tienen la doble finalidad de disipar cualquier confusión entre lo público y lo privado y facilitar la participación ciudadana.

TEXTO:

PRIMERA.-  Modificación del  Artículo 1 que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1  Objeto
La presente ley tiene por objeto:
1.- La regulación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía de la transparencia en su doble vertiente de publicidad activa y de derecho de acceso a la información pública
2.- Establece las obligaciones de transparencia política que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento.
SEGUNDA.- Modificación de  artículo 2 que  incluirá la siguiente definición
Artículo 2 Definiciones
(……)
e) Transparencia política  A los efectos de esta ley, la transparencia política es el nivel de accesibilidad 

a Administración de la Junta de Andalucía, así como a los de las entidades del sector público andaluz, de Derecho público o privado, vinculadas o dependientes de aquella.
b) Los miembros de los Gobiernos Locales y sus altos cargos y Directivos local los de las entidades del sector público local andaluz, de derecho público o privado, vinculadas o dependientes de ellos.
c) Los partidos políticos que perciban financiación de la Junta de Andalucía o de las Corporaciones Locales andaluzas.
d) Los sindicatos y asociaciones sindicales y empresariales que perciban financiación de la Junta de Andalucía o de las Corporaciones Locales Andaluzas.
e) Cualquier entidad privada, sea cual sea su naturaleza jurídica, que se financie en más de un 50% por fondos públicos provenientes de la Junta de Andalucía o de las Corporaciones Locales andaluzas.
6. La aplicación a los sujetos mencionados en los apartados anteriores de las disposiciones contenidas en este título no afectará, en ningún caso, a la condición de cargo electo que pudieran ostentar.
Cuarta.- Eliminación del primer párrafo del artículo 5.
Quinta.- Eliminación del  Artículo 11 que quedará contenido en el nuevo  Título denominado “Transparencia política”
Sexta. Artículo 32 quedaría redactado de la siguiente forma.
1-    Las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En todo caso, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de 20 días hábiles dese la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, prorrogables por igual periodo en el caso de que el volumen o la complejidad de la información solicitada lo requiera. Dicha ampliación será notificada a la persona solicitante.
2-    Trascurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido estimada.

Séptima: Creación del Portal de Transparencia
Artículo --  Portal de la Transparencia.
1. La Administración de la Junta de Andalucía desarrollará un Portal de la Transparencia, 


dependiente de la Consejería de Presidencia, que facilitará el acceso de los ciudadanos a toda la información a la que se refiere esta ley
2     Administración Local podrán adoptar otras medidas complementarias y de colaboración para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia recogidas la ley.
Inclusión de un nuevo TÍTULO  denominado de la Transparencia política
TÍTULO …..  TRANSPARENCIA POLÍTICA
CAPÍTULO 1 DEL BUEN GOBIERNO
Artículo --. Ámbito subjetivo.
1. Las previsiones contenidas en este título, que vienen a hacer efectivos los principios contenidos en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía, serán de aplicación a:
a) Los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía, así como a los de las entidades del sector público andaluz, de Derecho público o privado, vinculadas o dependientes de aquella.
b) Los miembros de los Gobiernos Locales y sus altos cargos y Directivos local los de las entidades del sector público local andaluz, de derecho público o privado, vinculadas o dependientes de ellos.
Artículo --. Principios éticos y de actuación.

1. Las personas comprendidas en el ámbito de aplicación de este título observarán, en el ejercicio de sus funciones, lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía para Andalucía y en el resto del ordenamiento jurídico, y promoverán el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas.

2. Adecuarán su actuación a los siguientes principios éticos:

a) Transparencia en la gestión de los asuntos públicos, favoreciendo la accesibilidad 

f) Buena fe y diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones, fomentando la calidad en la prestación de los servicios públicos y la aplicación del principio de buena administración.
g) Reserva respecto a los hechos o informaciones de las que tengan conocimiento con motivo u ocasión del ejercicio de sus competencias, sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes sobre difusión de la información de interés público.
3. Asimismo, observarán los siguientes principios de actuación:
a) Se abstendrán de toda actividad privada que pueda suponer un conflicto de intereses con su puesto público.
b) Estarán obligados a poner en conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación irregular de la cual tengan conocimiento.
c) Ejercerán los poderes que les atribuye la normativa vigente con la finalidad exclusiva para la que les fueron otorgados y evitarán toda acción que pueda poner en riesgo el interés público, el patrimonio de las administraciones o la imagen que debe tener la sociedad respecto a sus responsables públicos.
d) No se implicarán en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones y se abstendrán de intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad.
e) No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá de oficio a su incorporación patrimonio de la comunidad autónoma de Andalucía.
f) Desempeñarán sus funciones con transparencia y accesibilidad respecto de los ciudadanos.
g) Gestionarán, protegerán y conservarán adecuadamente los recursos públicos, que no podrán ser utilizados para actividades que no sean las permitidas por la normativa que sea de aplicación.
h) No se valdrán de su posición en la Administración para obtener ventajas personales o materiales.
4. Cada año, el órgano de gobierno competente de cada Administración y sus organismos y entidades públicas dependientes informarán sobre el grado de cumplimiento o los eventuales incumplimientos de los principios de conducta y éticos contemplados en este artículo o de los códigos de conducta que para sí mismos se hayan dado.
 Artículo --. Conflictos de intereses.
Los miembros de la Junta de Andalucía y demás altos cargos de la Administración pública deberán abstenerse de toda actividad privada 
1-  o interés que pueda suponer un conflicto de intereses con sus responsabilidades públicas.
2-    Se considerará que existe un conflicto de intereses cuando deban decidir en asuntos en los que confluyan intereses públicos e intereses privados propios, ya sea bajo una titularidad única o en régimen de copropiedad, comunidad, sociedad, consorcio u otra figura de características similares, de familiares directos o de personas que tengan con ellos una relación análoga a la conyugal.
3-    Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de los supuestos de abstención regulados en la normativa vigente.

Artículo --. Declaraciones de actividades, bienes, derechos e intereses.

Las personas incluidas dentro del ámbito de aplicación de este Título están obligados a presentar:
1-  Identificación de los altos cargos incluidos en el en ámbito de aplicación de la normativa sobre incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía.
2-    Declaración responsable de los altos cargos, manifestando cumplir con los requisitos de idoneidad para ser alto cargo, así como sus curriculum vitae.
3-  Las declaraciones de actividades, bienes, intereses y retribuciones de los altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía. Las mismas deben incluir, además, una declaración de las relaciones en materia de contratación con las administraciones públicas y entes participados, del obligado a presentarla y de los miembros de la unidad familiar que convivan con él, incluyendo a las personas que tengan una relación análoga a la conyugal.

Publicación de las retribuciones de los miembros del Gobierno autonómico del Parlamento y de todas las Instituciones Públicas, así como de 

1-    miembros de los gobiernos de las Corporaciones Locales, por todos y cada uno de los cargos que estén compatibilizando
2-    Publicación de las retribuciones que estos mismos cargos perciban en concepto de  dietas, aportaciones en especie, gastos domésticos de las residencias oficiales y  consumo de teléfono.
3-    Relación detallada de gastos por viajes oficiales con desglose de costes por persona.
4-    Publicación detallada del uso  de los coches oficiales  y de los regímenes especiales de tarifas reducidas de servicios.
5-    Cualquier otro beneficio que disfruten por razón del cargo, el importe y duración de las pensiones que una vez dejado el cargo perciban y sus beneficiarios y el régimen de seguridad social que se les aplica.
6-    Las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del cese en el cargo.
7-    Publicación de la financiación de los partidos políticos y sindicatos que perciban fondos de la Administración autonómica y/o de las Corporaciones Locales andaluzas, con detalle de su origen y cuantía, así como la información del detalle de gastos.

Artículo –  

Todas las Administraciones Públicas andaluzas deberán publicar además:

a) Las agendas públicas de los miembros del Gobierno y de los altos cargos, que se mantendrán públicas, como mínimo, durante un año. En el caso en que por razones de seguridad no pueda hacerse pública la agenda con carácter previo, la publicidad se hará a posteriori
b) La relación del personal de confianza o asesoramiento especial en cada uno de los departamentos o consejerías y en los organismos públicos o entidades públicas, especificando su identificación, nombramiento, funciones asignadas, 

rendición de cuentas.

1. Los miembros de la Junta de Andalucía asumirán el compromiso de ejercer la acción de gobierno de forma transparente y se obligarán a rendir cuentas sobre su gestión a los ciudadanos y ciudadanas.
2. A estos efectos, se regularán e implantarán instrumentos para que el Gobierno en su conjunto y cada uno de sus integrantes en su ámbito puedan:
a) Compartir con la ciudadanía las decisiones de política, logros y dificultades de la gestión e inversión públicas.
b) Dar cuenta de la forma en que se administran los recursos públicos y de su coherencia con la planificación aprobada.
c) Construir y desarrollar mecanismos de ajuste de las acciones de política para adaptarlas a las peticiones ciudadanas.
d) Facilitar el control ciudadano de toda la actuación del Gobierno y fortalecer la capacidad de los ciudadanos y ciudadanas para estimular y orientar esa acción.

CAPÍTUO II RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo -- Infracciones y sanciones en materia de conflicto de intereses
El incumplimiento de las normas de incompatibilidades o de las que regulan las declaraciones que han de realizar las personas comprendidas en el ámbito de este título será sancionado de conformidad con lo dispuesto en la LEY 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros Cargos Públicos y para el resto de Administraciones de acuerdo con su propia normativa que resulte de aplicación.

Artículo --. De las infracciones

1. Las infracciones contenidas en este artículo son aplicables a los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley, sin perjuicio de las contenidas en la legislación básica en materia de transparencia.
2. Constituyen infracciones muy graves:
a) Actuar prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.
b) No poner en conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación que vulnere el principio de legalidad y que conozcan con motivo del ejercicio de sus competencias.
c) Obstaculizar el ejercicio del derecho de la ciudadanía a la información sobre el funcionamiento de los servicios públicos que tengan encomendados, conforme a los preceptos de la legislación en materia de transparencia.
d) Cometer dos infracciones graves en el periodo de un año.

2. Son infracciones graves:
a) Actuar vulnerando el principio de igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres, o por razón de nacimiento, raza, religión, opinión o cualquier otra condición personal o social en el desempeño de las funciones de alto cargo.
b) Aceptar regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía u otras prestaciones económicas, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal.
c) El incumplimiento de las obligaciones de publicación de la información referida a actividades, bienes e intereses, contenidas en la presente ley.
d) Cometer dos infracciones leves en el periodo de un año.
3. Es infracción leve:
No facilitar la transmisión de documentos para la entrega a sus posteriores responsables, como consecuencia del cambio de titularidad del cargo.

Articulo -- Órganos competentes en materia de transparencia política.

 2. El órgano competente para ordenar la incoación del procedimiento sancionador será:
 a) Cuando el presunto infractor tenga la condición de miembro del Gobierno de Andalucía, el propio Gobierno andaluz.
 b) En todos los demás supuestos, el titular de la consejería competente en materia de Administración Pública.
 3. El órgano competente para incoar el procedimiento sancionador podrá ordenar la realización de actuaciones previas de carácter reservado con el fin de determinar si concurren circunstancias que justifiquen tal incoación. Cuando la competencia para incoar el procedimiento sancionador corresponda al titular de la consejería competente en materia de Administración Pública, podrá ordenar de oficio la realización de dichas actuaciones previas.
El inicio de las actuaciones previas de carácter reservado se notificará al interesado y, en su caso, al Consejo de Gobierno.  Las actuaciones previas de carácter reservado serán realizadas, en todo caso, por la consejería competente en materia de Administración Pública.
4. El procedimiento sancionador será tramitado por la Secretaría General Técnica de la consejería competente en materia de Administración Pública.
5. La competencia para la imposición de sanciones corresponderá en todo caso al Gobierno de Andalucía.

Artículo -- Sanciones

1. Las infracciones leves serán sancionadas con una amonestación.
2. Por la comisión de una infracción grave se impondrán al infractor, algunas de las siguientes sanciones:
a) La declaración del incumplimiento y su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
b) La no percepción, en el caso de que la llevara aparejada, de la correspondiente indemnización para el caso de cese en el cargo.
En caso de persistir en la conducta infractora, se le impondrá en todo caso la sanción contenida en la letra b).
3. En el caso de las infracciones muy graves, se impondrán en todo caso las sanciones previstas en el apartado anterior.
4. Los sancionados por la comisión de una infracción muy grave serán destituidos del cargo que ocupen salvo que ya hubiesen cesado y no podrán ser nombrados para ocupar ningún puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo de entre cinco y diez 

En la graduación de las sanciones se valorará la existencia de perjuicios para el interés público, la repercusión de la conducta en los ciudadanos, y, en su caso, la percepción indebida de cantidades por el desempeño de actividades públicas incompatibles.
6. Cuando las infracciones pudieran ser constitutivas de delito, la Administración pondrá los hechos en conocimiento de la oficina del Fiscal y se abstendrá de seguir el procedimiento mientras la autoridad judicial no dicte una resolución que ponga fin al proceso penal.
7. Cuando los hechos estén tipificados como infracción en una norma administrativa especial, se dará cuenta de los mismos a la Administración competente para la instrucción del correspondiente procedimiento sancionador, suspendiéndose las actuaciones hasta la terminación de aquel. No se considerará normativa especial la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, respecto de las infracciones previstas en el artículo 28, pudiéndose tramitar el procedimiento de responsabilidad patrimonial simultáneamente al procedimiento sancionador.
8. En todo caso la comisión de las infracciones previstas llevará aparejada, la obligación de restituir, en su caso, las cantidades percibidas o satisfechas indebidamente y la obligación de indemnizar a la Hacienda Pública por los perjuicios causados.

Artículo 32 Prescripción

1. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en este título será de cinco años para las infracciones muy graves, tres años para las graves y un año para las leves.
2. Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones muy graves prescribirán a los cinco años, las impuestas por infracciones graves a los tres años y las que sean consecuencia de la comisión de infracciones leves prescribirán en el plazo de un año.
3. Para el cómputo de los plazos de prescripción regulados en los dos apartados anteriores, así como para las causas de su interrupción, se estará a lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por todo ello desde el Grupo Municipal Andalucista  formulamos  la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar la Iniciativa Legislativa arriba expuesta 




SEGUNDO.- Como Ayuntamiento Promotor de la Iniciativa, se aprueba que el representante titular del Ayuntamiento en la Comisión Promotora sea D/Dª._____________________________________________________________________, y D/Dª. _____________________________________________________________________ sea su suplente.

En                                           , a                    de diciembre de 2014



Firmado:

Portavoz del Grupo Municipal Andalucista

miércoles, 17 de diciembre de 2014

PROPUESTA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE PARTIDO ANDALUCISTA







El Informe Brundtland, Desarrollo Sostenible es "aquel capaz de satisfacer  las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones venideras para atender a sus propias necesidades"



PROPUESTA EN MATERIA DE MEDIOAMBIENTE PARA INCLUIR EN EL PROGRAMA DEL PA PARA LAS ELECCIONES 2015 AL PARLAMENTO ANDALUZ

El Partido Andalucista considera que en materia de medioambiente es necesaria una acción global de todas las áreas relacionadas con el desarrollo sostenible de Andalucía y por ello hay que incorporar la dimensión ambiental y social. Aquí presentamos un conjunto de líneas estratégicas que haga efectivo el Desarrollo Sostenible en nuestra Nacionalidad Histórica. Estas propuestas son la suma de aportaciones  procedentes de  grupos ecologistas, Administraciones, agentes activos relacionados con esta materia y del profundo debate interno.

 

Planificación del territorio y protección del suelo

 

No especular con el futuro. El suelo es una parte fundamental de los ecosistemas y el soporte sobre el que se desarrolla la vida terrestre. Sin embargo en las últimas décadas hablar de suelo se ha convertido en sinónimo de urbanismo, construcción y, lamentablemente, de destrucción y especulación.

Hay que fomentar  un urbanismo respetuoso con la tipología de los pueblos y ciudades andaluzas, con el paisaje y con los recursos naturales, que tenga como objetivo garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna a todos los ciudadanos, dotando a los pueblos y ciudades de equipamientos, zonas verdes e infraestructuras de movilidad sostenible.

  • Considerar la ciudad desde el planeamiento urbanístico como un metabolismo urbano que debe satisfacer las necesidades cotidianas con el menor consumo de los recursos naturales con la menor producción de residuos, y que la tendencia entre inputs y outputs del ciclo urbano debe ir en la dirección del sumatorio cero.
Impulsar un nuevo modelo de planeamiento urbanístico que supere las inercias y limitaciones


  • el carácter integrador del hecho urbano, compatibilizando el interés colectivo con el privado, y regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general.
  • El planeamiento urbanístico integrado no solo debe tener en cuenta el espacio físico y sus recursos naturales, si no sus relaciones económicas y sociales con los ciudadanos.
  • Plantear la integración de los modelos territoriales con la estructura existente, en especial cuidado con la topografía, la hidrografía, los ecosistemas y el paisaje. En particular, asegurar la existencia de corredores ecológicos, que conecten funcionalmente los espacios naturales de singular relevancia para la flora o la fauna silvestres.
  • Considerar el suelo urbanizable como un suelo con expectativas productivas agrícolas, no como un suelo residual, en barbecho, en espera  de ser urbanizado.
 Movilidad

Caminar hacia la movilidad sostenible. Desde hace tiempo, el transporte motorizado crece sin control. Se trata de un proceso alimentado por el desmesurado crecimiento de las infraestructuras y una política que en general prioriza el transporte privado sobre el público. Sirvan como ejemplo las subvenciones y beneficios fiscales que priman la compra de automóviles y las exenciones fiscales de los carburantes para el transporte aéreo.

Es necesario replantearse el modelo de transporte, empezando por elaborar y cumplir planes de movilidad sostenible, que reconduzcan este sector por la vía de la sostenibilidad. Para ello, será necesario racionalizar la construcción y ampliación de autovías, trenes de alta velocidad, puertos y aeropuertos priorizando la recuperación y mejora del transporte público colectivo. Para ello proponemos:

Elaborar Planes de Movilidad Sostenible, elaborando y llevando a la práctica planes de fomento de los medios no motorizados (peatonal, ciclista) en zonas urbanas
 Diseñar una red integrada de carriles bici y vías peatonales apoyadas en una red de zonas verdes y naturales.

  • Con respecto a la movilidad en bicicleta: ampliación e instalación de una red de aparcamientos seguros para bicis, en especial: a) ampliando los puntos de amarre de bicicletas en sitios cercanos al carril bici b) realizando convenios con la red de edificios de aparcamientos de rotación (plaza de la marina, plaza de la merced, etc.) de forma que algunas plazas de aparcamientos de estos se conviertan en plazas de aparcamientos para bicis (seguras y al cubierto)
  • Difundir la red de bicicletas públicas: aumentar su número, y darle difusión, ya que muchos ciudadanos aún no la conocen; permitir montar la bicicleta en los autobuses, especialmente en estructuras fuera del autobús;
  • Itinerarios escolares seguros y amables, máxima seguridad y amplitud en los accesos, imaginación para la integración de las instalaciones y edificios en la trama urbana fuera del horario escolar para usos extraescolares y por barrios.
  • Ampliar infraestructuras que potencien una movilidad sostenible en la ciudad (carriles bus, red de metro a, red de cercanías, carriles bici, estaciones de préstamo de bicicletas,…)
  • Impulsar la utilización de vehículos limpios y eficientes facilitando su tránsito y su estacionamiento en detrimento de los vehículos de combustibles fósiles.
  • Estudio de los nuevos nodos de intermodalidad (estaciones de metro) como centralidades y áreas de actividad.
  • Cumplir la normativa de calidad del aire en todas las áreas metropolitanas. Aplicación de medidas de restricción al uso del automóvil en las que se superen los límites legales.
  • Gestión de los recursos hídricos

El agua es un componente esencial de la biosfera y parte indispensable de la vida, por lo que se considera necesario velar por el mantenimiento de un suministro suficiente y de buena calidad, así como preservar las funciones hidrológicas. El agua ha de ser considerada como un recurso renovable escaso.

·         Garantizar la gestión pública del agua. 
· La promoción del uso más racional de los recursos hídricos basado en la Directiva Marco del Agua, una legislación de referencia y de obligado cumplimiento en el ámbito comunitario mediante la cual se marcan los pilares de lo que debe ser una política de aguas sostenible, “con el fin de prevenir y reducir su contaminación, fomentar su uso sostenible, proteger el medio acuático, mejorar la situación de los ecosistemas acuáticos y paliar los efectos de las inundaciones y de las sequías”.
·  Realizar campañas de información y formación, para un uso eficiente de agua   para el riego.
  •  Realizar una valoración del gasto de agua en  piscinas en  Andalucía e incluir medidas en alguna ordenanza que  incentiven u obliguen cubrir las piscinas en época invernal  (lonas fijas, móviles, estructuras retráctiles, etc.).
  • Utilizar el agua reciclada procedente de tratamiento terciario de las EDAR y compost generado en los vertederos municipales para la adecuada gestión de la ciudad y en caso de sobrante darle un valor y sacarlo al mercado.
 Energías renovables

Menos CO2 y más renovables. El objetivo debe ser promover y realizar todas aquellas actuaciones, que contribuyan a evitar un Cambio Climático (es decir, evitar que la temperatura media global del planeta aumente más de 2 grados centígrados). Para ello es necesario ir reduciendo las emisiones de CO2. La solución energética sostenible debe basarse en el ahorro, la eficiencia energética y las energías renovables.

En definitiva establecer objetivos concretos de ahorro energético y producción renovable. En particular, se deben establecer objetivos para:

  • Reducir la demanda final de energía en total y en cada uno de los sectores presentes en Andalucía, y específicamente para los edificios y servicios de titularidad pública, mejorando la eficiencia energética y promoviendo programas propios de gestión de la demanda.  Existen programas en la Junta de Andalucía que vienen de UE para edificios suficientes energéticamente hablando.
  • Incrementar la producción con energías renovables en Andalucía, fijando objetivos para cada una de ellas.
Asegurar el estricto cumplimiento del Código Técnico de la Edificación, en particular en cuanto a las obligaciones de incorporar energía solar térmica y fotovoltaíca en los edificios. Se deben tener en cuenta estos requisitos en los
 
  • planes urbanísticos, asegurando que los edificios se orienten adecuadamente.  Promulgar la legislación adecuada (como en Cataluña), además de las ayudas de la UE para las viviendas particulares.
  • Desarrollar la energía eólica marina en zonas costeras apropiadas, seguir con la promoción de las centrales termosolares con las debidas cautelas en su consumo de agua, construir plantas de biomasa térmica y eléctrica con criterios sostenibles: estas tres son las renovables más importantes para Andalucía.
  • Poner fin a las dos carencias más relevantes de la implantación de las energías renovables en Andalucía: la práctica ausencia de industria autóctona ligada a las energías limpias y la participación social en los beneficios económicos que generan.
  • Realizar un análisis de las potenciales energías renovables a aplicar a cada sector de los edificios públicos de Andalucía.
  • Permitir al agricultor el consumo y el autoabastecimiento de energías alternativas, así como la incorporación del excedente a la red.

Biodiversidad

Andalucía sufre un proceso rápido de pérdida de diversidad biológica, en gran medida debido a la extracción y consumo de recursos naturales por encima de su tasa de renovación natural y a políticas económicas y sociales incompatibles con la conservación de la biodiversidad. Por ello proponemos:

  • Proponer las zonas verdes como un sistema de infraestructura en red, no como elementos aislados. Planear red de espacios verdes conectada a los corredores naturales perimetrales y a los arroyos/cauces de las ciudades.
  • Colocación de dispositivos de medida de niveles polínicos en diferentes puntos de la ciudad (captadores aerobiológicos) y difusión de los resultados a través de paneles informativos a pie de calle, app para móviles o vía web.
  • Fomentar la creación de jardines verticales e innovadores, jardines en terrazas y azoteas.
  • Realizar catálogos de especies en las zonas urbanas con mayor valor natural.
Fomentar la creación de huertos sociales

  • planes urbanísticos, asegurando que los edificios se orienten adecuadamente.  Promulgar la legislación adecuada (como en Cataluña), además de las ayudas de la UE para las viviendas particulares.
  • Desarrollar la energía eólica marina en zonas costeras apropiadas, seguir con la promoción de las centrales termosolares con las debidas cautelas en su consumo de agua, construir plantas de biomasa térmica y eléctrica con criterios sostenibles: estas tres son las renovables más importantes para Andalucía.
  • Poner fin a las dos carencias más relevantes de la implantación de las energías renovables en Andalucía: la práctica ausencia de industria autóctona ligada a las energías limpias y la participación social en los beneficios económicos que generan.
  • Realizar un análisis de las potenciales energías renovables a aplicar a cada sector de los edificios públicos de Andalucía.
  • Permitir al agricultor el consumo y el autoabastecimiento de energías alternativas, así como la incorporación del excedente a la red.

Biodiversidad

Andalucía sufre un proceso rápido de pérdida de diversidad biológica, en gran medida debido a la extracción y consumo de recursos naturales por encima de su tasa de renovación natural y a políticas económicas y sociales incompatibles con la conservación de la biodiversidad. Por ello proponemos:

  • Proponer las zonas verdes como un sistema de infraestructura en red, no como elementos aislados. Planear red de espacios verdes conectada a los corredores naturales perimetrales y a los arroyos/cauces de las ciudades.
  • Colocación de dispositivos de medida de niveles polínicos en diferentes puntos de la ciudad (captadores aerobiológicos) y difusión de los resultados a través de paneles informativos a pie de calle, app para móviles o vía web.
  • Fomentar la creación de jardines verticales e innovadores, jardines en terrazas y azoteas.
  • Realizar catálogos de especies en las zonas urbanas con mayor valor natural.
Fomentar la creación de huertos sociales.  
  • planes urbanísticos, asegurando que los edificios se orienten adecuadamente.  Promulgar la legislación adecuada (como en Cataluña), además de las ayudas de la UE para las viviendas particulares.
  • Desarrollar la energía eólica marina en zonas costeras apropiadas, seguir con la promoción de las centrales termosolares con las debidas cautelas en su consumo de agua, construir plantas de biomasa térmica y eléctrica con criterios sostenibles: estas tres son las renovables más importantes para Andalucía.
  • Poner fin a las dos carencias más relevantes de la implantación de las energías renovables en Andalucía: la práctica ausencia de industria autóctona ligada a las energías limpias y la participación social en los beneficios económicos que generan.
  • Realizar un análisis de las potenciales energías renovables a aplicar a cada sector de los edificios públicos de Andalucía.
  • Permitir al agricultor el consumo y el autoabastecimiento de energías alternativas, así como la incorporación del excedente a la red.
 Biodiversidad

Andalucía sufre un proceso rápido de pérdida de diversidad biológica, en gran medida debido a la extracción y consumo de recursos naturales por encima de su tasa de renovación natural y a políticas económicas y sociales incompatibles con la conservación de la biodiversidad. Por ello proponemos:

  • Proponer las zonas verdes como un sistema de infraestructura en red, no como elementos aislados. Planear red de espacios verdes conectada a los corredores naturales perimetrales y a los arroyos/cauces de las ciudades.
  • Colocación de dispositivos de medida de niveles polínicos en diferentes puntos de la ciudad (captadores aerobiológicos) y difusión de los resultados a través de paneles informativos a pie de calle, app para móviles o vía web.
  • Fomentar la creación de jardines verticales e innovadores, jardines en terrazas y azoteas.
  • Realizar catálogos de especies en las zonas urbanas con mayor valor natural.
Fomentar la creación de huertos sociales.  

  • planes urbanísticos, asegurando que los edificios se orienten adecuadamente.  Promulgar la legislación adecuada (como en Cataluña), además de las ayudas de la UE para las viviendas particulares.
  • Desarrollar la energía eólica marina en zonas costeras apropiadas, seguir con la promoción de las centrales termosolares con las debidas cautelas en su consumo de agua, construir plantas de biomasa térmica y eléctrica con criterios sostenibles: estas tres son las renovables más importantes para Andalucía.
  • Poner fin a las dos carencias más relevantes de la implantación de las energías renovables en Andalucía: la práctica ausencia de industria autóctona ligada a las energías limpias y la participación social en los beneficios económicos que generan.
  • Realizar un análisis de las potenciales energías renovables a aplicar a cada sector de los edificios públicos de Andalucía.
  • Permitir al agricultor el consumo y el autoabastecimiento de energías alternativas, así como la incorporación del excedente a la red.
 Biodiversidad

Andalucía sufre un proceso rápido de pérdida de diversidad biológica, en gran medida debido a la extracción y consumo de recursos naturales por encima de su tasa de renovación natural y a políticas económicas y sociales incompatibles con la conservación de la biodiversidad. Por ello proponemos:

  • Proponer las zonas verdes como un sistema de infraestructura en red, no como elementos aislados. Planear red de espacios verdes conectada a los corredores naturales perimetrales y a los arroyos/cauces de las ciudades.
  • Colocación de dispositivos de medida de niveles polínicos en diferentes puntos de la ciudad (captadores aerobiológicos) y difusión de los resultados a través de paneles informativos a pie de calle, app para móviles o vía web.
  • Fomentar la creación de jardines verticales e innovadores, jardines en terrazas y azoteas.
  • Realizar catálogos de especies en las zonas urbanas con mayor valor natural.
Fomentar la creación de huertos sociales. Incrementar la superficie dedicada a producir alimentos en todos los 

  • dedica a mantener otras zonas verdes al fomento de estos huertos.
  • Impulsar la colaboración entre las Universidad y los Administraciones para la investigación, conservación y difusión de la biodiversidad de Andalucía a nivel urbano como en los entornos naturales existentes.
  • Medio marino
El litoral andaluz se enfrenta a graves problemas como una urbanización depredadora y salpicada de especulación y corrupción, un desarrollo turístico mal planificado o la destrucción de los espacios costeros protegidos.

  • Planificar estrategias para la gestión, la conservación y recuperación de las zonas costeras, respetando los procesos naturales de dinámica litoral y los hábitats marinos, haciéndolos compatible medioambientalmente con las edificaciones.
  • Eliminación de los vertidos contaminantes de residuos, desechos y basuras al mar, así como los vertidos de aguas residuales no depuradas.
  • Exigencia del vertido cero.
  • Promover planes de limpieza del litoral, especialmente en lugares inaccesibles desde tierra y entornos portuarios.
  • Eliminar la restauración de playas con arena de los fondos marinos ya que daña los ecosistemas marinos estudiando si hace falta el aporte de arena, hacer un estudio de impacto ambiental, y examinar el origen de la arena.
  • Medio Forestal
  • Los recursos naturales constituyen una base sólida del desarrollo de Andalucía. El Monte Mediterráneo tiene unas características ecológicas que lo diferencian de otros ecosistemas forestales y de otras regiones biogeográficas vecinas de la mediterránea y presenta unos índices de diversidad biológica muy superiores. Estos ecosistemas en general y, en particular las dehesas, son generadores potenciales de beneficios económicos, sociales, ambientales y culturales, por lo que es indispensable preservarlos mediante la creación de las condiciones adecuadas para garantizar su gestión sostenible.

La erosión, la desertificación. La situación actual exige la adopción de medidas destinadas tanto a conservar los recursos existentes como a aumentarlos.

  • Impedir la sobreexplotación y degradación de los recursos forestales
  • Aplicar el Plan forestal andaluz para garantizar la biodiversidad de las zonas.
  • Protección de los bosques contra los incendios, las plagas y enfermedades.  Y la creación de cortafuegos naturales en las zonas de monte particulares.
  • Impulsar los planes de lucha contra la erosión y desertificación.
 Gestión de residuos

Prevenir sigue siendo el gran reto. Por más que la prevención aparezca como prioritaria en toda la legislación vigente en materia de residuos, la generación de residuos per cápita no hace sino crecer. Dado el problema que acarrea el tema de los residuos es de máxima prioridad y responsabilidad invertir esta tendencia. Por ello, desde el PA proponemos: 

  • Alcanzar para el final de la legislatura al menos un 10% de reducción en peso de los residuos generados.
  • Establecer instrumentos y medidas que incentiven la prevención, la reutilización y el reciclado.
  • Descartar todo nuevo proyecto de incineración o plasma como sistema de gestión de residuos y planificar la eliminación de la incineración, incluida la utilización de cementeras u otro tipo de instalaciones industriales.
  • Desarrollar iniciativas ciudadanas de recogida diferenciada de la basura doméstica, implantando los sistemas de “puerta a puerta”.
  • Aplicación del impuesto sobre vertido en todos los residuos, no sólo los peligrosos, y garantizar sobre todo el correcto compostaje de la fracción orgánica.
  • Obligar a los ayuntamientos a la recogida selectiva y la entrega de ese material en los centros adecuados, imponiendo una tasa para aquellos que no cumplan.

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